El asesinato del gobernador de la provincia de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, atribuido por el Gobierno a las FARC, conmueve hoy a Colombia, en momentos en que se esperaba la liberación de otros rehenes por esa guerrilla.
Cuéllar, plagiado en su residencia de Florencia, la capital de Caquetá, era velado hoy en esa ciudad y su cuerpo será trasladado mañana a Bogotá para su entierro.
Los restos del gobernador fueron llevados a la sede de la Asamblea Legislativa provincial, en Florencia, donde miles de ciudadanos hacían fila para despedirle este miércoles, comprobó un fotógrafo de la AFP.
Una gran pancarta que decía “Luis, estarás siempre en el corazón de los caqueteños y caqueteñas, fue colocada a la entrada de la edificación, donde se acumulaban los ramos de flores.
El gobernador, elegido con el apoyo del Movimiento Social Indígena en octubre de 2007, había sido secuestrado cuatro veces antes de asumir como mandatario regional en Caquetá, una zona de fuerte presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Su secuestro y posterior asesinato es el más grave ocurrido en Colombia desde que el presidente Alvaro Uribe asumió en agosto de 2002, y ha levantado críticas a la política de seguridad de su gobierno.
Varios países y organismos como Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), Human Rights Watch (HRW), la ONU y Amnistía Internacional (AI) no tardaron en condenar la tragedia.
Washington a través de su embajada en Colombia, se declaró “consternado” y “profundamente afligido”, al tiempo que refrendó su compromiso de “ayudar a los colombianos a defender su democracia de estos narcoterroristas”.
La UE exhortó “a todas las partes, sobre todo a los grupos armados ilegales, a que cesen las acciones violentas contra la población civil”.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza dijo en un comunicado que esta “atrocidad y barbarie merece el rechazo de la comunidad internacional que apoya a Colombia en sus esfuerzos por lograr la paz”.
El hecho cayó como un baldazo de agua fría en momentos en que se esperaba la liberación unilateral de dos militares rehenes de las FARC, que había sido anunciada por esa guerrilla desde abril pasado.
Luis Eladio Pérez, ex rehén de las FARC y aspirante al Senado en las elecciones del próximo marzo, aseveró que “hubo un descuido en la protección que se le brindó al gobernador, teniendo en cuenta su cargo, que vivía en una zona como Caquetá y que tenía un cuadro de altísimo riesgo por sus anteriores secuestros”.
“También hubo un grado de irresponsabilidad del gobierno al haber anunciado un intento de rescate militar”, agregó.
Al conocerse la noticia del secuestro, Uribe ordenó su rescate a las fuerzas militares, así como el de 24 militares y policías que las FARC mantiene cautivos.
Uribe confirmó el asesinato el martes y ratificó la política de su gobierno de enfrentar militarmente a las FARC, a la que responsabilizó del hecho.
“Ratifico ante ustedes toda nuestra decisión de derrotar al terrorismo”, enfatizó Uribe y afirmó que Cuéllar fue degollado por los guerrilleros para evitar disparos que pudieran señalar su ubicación.
En tanto, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, aseveró que “el secuestro y posterior asesinato del gobernador constituye una grave infracción a las normas protectoras del Derecho Internacional Humanitario”.
El analista León Valencia, de la Corporación Nuevo Arcoiris, que analiza el conflicto colombiano, el asesinato atribuido a las FARC muestra que éstas “se están reactivando” y pidió otras estrategias para combatirlas.
“Es necesario avivar una política más integral en las zonas donde se está actuando militarmente. Hay que hacer mayores inversiones en el gasto social, porque en algunas regiones hay una situación económica que permite a la guerrilla ganar simpatías y reclutar nuevos miembros”, dijo a la AFP.
El último plagio de un mandatario regional en Colombia ocurrió en abril de 2002, cuando las FARC tomaron como rehén al gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, muerto durante un fallido rescate en 2003.
Ecuador condena el asesinato
Quito “expresa su más enérgica condena y rechazo por el secuestro y asesinato” de Cuéllar, indicó la cancillería en un comunicado.
Agregó que Ecuador también se solidariza con los familiares de la víctima.
